En Ecuador peligra la Justicia Especializada en materia de Género

La justicia especializada para las mujeres víctimas de violencia de género es una garantía
fundamental para su acceso a la justicia. De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución las
víctimas de violencia tienen derecho a una atención especializada y prioritaria. En la misma línea
la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (LOPEVM) señala en sus
artículos 1, 9.8, entre otros que es un derecho de las mujeres víctimas de violencia recibir
patrocinio, asesoramiento y orientación especializada e integral.

Por su parte, el artículo 35 literales a y c de la LOPEVM, establece que la Fiscalía General del
Estado tiene la obligación de asegurar que la gestión jurídica y técnica de las causas penales se la
realice con enfoque de género y para ello debe contar con fiscales especializados en violencia de
género contra las mujeres. Pese al mandato legal, el día 3 de diciembre de 2020 se nos ha
comunicado que existió un cambio administrativo de fiscales especializados de género.

Este cambio nos genera profunda preocupación, puesto que esta directriz carece de un proceso
orgánico y adecuado de transición de causas entre fiscales y tampoco se ha asegurado que las/os
nuevas/os fiscales cuenten con la capacitación y sensibilización necesarias para manejar una
fiscalia especializada en temas de género donde se atiende a población en situación de alta
vulnerabilidad y que tiene derecho a protección reforzada, atención prioritaria y priorización
absoluta.

Esta preocupación nace porque en nuestra labor como abogadas litigantes, hemos identificado que
varias de las personas anunciadas como nuevos fiscales de género tienen poco o ningún
conocimiento, espacialidad y/o sensibilización , lo cual no sólo incumple con los estándares de
justicia especializada antes mencionados sino que generaría mayor tardanza en el trámite de las
causas, mayor revictimización e incluso mayor impunidad.

Si bien es cierto que todo fiscal debería estar capacitado y sensibilizado en temas de género,
requisito fundamental para que puedan garantizar acceso a la justicia para mujeres y niñas, la
realidad en nuestro país no es esta, por ello desde la sociedad civil se ha denunciado
reiteradamente la errónea calificación de delitos, la realización de investigaciones sin debida
diligencia en materia de género, la constante revictimización de las mujeres y NNA sobrevivientes
de violencia de género y la impunidad.

En este sentido consideramos que el cambio de fiscales sin conocimiento, capacitación,
sensibilización y especialización en género a las fiscalias especializadas, es un acto que atenta
contra los derechos humanos de las mujeres y NNA, especialmente atenta contra su derecho de
acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, y vulnera todos los estándares nacionales e
internacionales en materia de justicia especializada, violando los principios básicos de debida
diligencia. Recordamos a la Fiscal General que la obligación de proporcionar a las víctimas y
sobrevivientes de violencias basadas en género “fiscalías especializadas” no se cumple solamente
con el membrete pues deben constituir, efectivamente, dependencias con todas las experticias
requeridas para garantizar a las mujeres, niñas, adolescentes su acceso a la justicia, a la
reparación integral en un marco de respeto, protección y garantía de todos sus derechos.

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, la Fiscalía General del Estado se ha comprometido con las mujeres y niñas a trabajar para
asegurar una vida libre de violencias desde su competencia. El cambio súbito de fiscales sin
garantías adecuadas de capacitación de nuevo personal y sin una transición adecuada, incumple
dicho compromiso, vulnera el mandato de la LOEIV y la Constitución del Ecuador.

Las organizaciones de la sociedad civil, denunciamos el cambio súbito de fiscales y exigimos que
desde la Fiscalía General del Estado, se analice y revea la decisión, con el objetivo de que la
misma responda a criterios técnicos y participativos que garanticen el cumplimiento de los
estándares establecidos para la justicia especializada. Se transparenten los procesos
administrativos de cambios de Fiscales y se garantice la Justicia Especializada con fiscales
capacitados y sensibilizados en materia de género, mientras se trabaja en lograr que esta
especialización puedan tenerla todos y todas las fiscales del país.

De igual manera exigimos a la Fiscal General del Estado, realice una reunión urgente con las
organizaciones de sociedad civil para poder analizar este tema y generar un plan de acción
conjunta que haga que acciones como estas no se repitan.

Firman Organizaciones y colectivas que conforman la Alianza por los Derechos Humanos:

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