Pronunciamiento de la Alianza por los Derechos Humanos

La Aliaza por los derechos humanos organización a la cual pertenecemos como fundación, se ha pronunciado por el Día de los Derechos Humanos, informando la violación de derechos en el Ecuador durante este año 2020.

Citamos el extracto sobre personas privadas de libertad

Omisiones del Estado para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.

La situación de las personas privadas de libertad en el Ecuador es crítica en contexto de la emergencia sanitaria debido a problemas estructurales preexistentes referidos a la falta de políticas públicas adecuadas,  a la falta de  mecanismos de defensa eficaces de los derechos de este grupo de atención prioritaria y al ínfimo  presupuesto para enfrentar la emergencia sanitaria y dotar de insumos de bioseguridad a toda la población privada de libertad.  

El Estado no ha tomado ninguna medida adecuada para reducir de forma drástica el hacinamiento penitenciario que bordea el 29% en el país. Así,  no ha actuado de forma eficaz gestionando los cambios de régimen y beneficios penitenciarios durante la pandemia y con anterioridad a ella,  pese a que las personas privadas de libertad han cumplido con el tiempo dispuesto en la ley.  La burocracia traba estos procesos que terminan durando de 4 a 6 meses y en algunas ocasiones hasta 1 año.  

Durante la pandemia, tampoco se ha habilitado todos los espacios existentes en  los Centros de Rehabilitación Social  que permitan garantizar el distanciamiento social.  Según informe con corte a junio del 2019 existen 349 plazas no utilizables por motivos de seguridad e instalaciones inadecuadas, se conoce que hasta la presente fecha no se han habilitado aún estos espacios.  

Las autoridades penitenciarias tampoco han podido contener el ingreso del virus en los centros de privación de libertad, así, pese a las “medidas de aislamiento” adoptadas por el Servicio Nacional de Atención Integral para Adultos Privados de Libertad y Adolescentes Infractores, en adelante SNAI, el 11 de abril de 2020 se confirmó que en el CPPL-Quito-El Inca,  un agente de seguridad penitenciaria había dado positivo para COVID-19.  Para el día 17 de junio del 2020 el SNAI afirmó que existe un total de 727 personas privadas de libertad contagiadas de Covid-19 y 23 fallecidos en el sistema carcelario del país. 

En este contexto de pandemia, desde nuestras organizaciones, se  han realizado más de 20 solicitudes de acceso a la información pública a diferentes instituciones del Estado ecuatoriano sobre la situación de las personas privadas de libertad, pero tan solo 5 han sido respondidas, la mayor parte de las respuestas están incompletas. 

Diferentes organizaciones de derechos humanos han presentado garantías jurisdiccionales, como habeas corpus o medidas cautelares, que  el Estado ecuatoriano ha negado casi en su totalidad. Por ejemplo, en el proceso de habeas corpus a favor de una persona privada de libertad en el Centro de Detención Provisional El Inca, con enfermedades crónicas degenerativas y con antecedente de infarto, la sentencia señala; “que el Estado estaría adoptando medidas sanitarias, dotando de todo lo necesario a las personas privadas de libertad, […] este tribunal tiene que anotar que por el grave momento de salud y pandemia que la sociedad está atravesando a nivel mundial ante la propagación del coronavirus no solo los centros penitenciarios sino en todo lugar existe riesgo de contagio latente por COVID, todas las personas son potencialmente infectantes, todas las personas en cualquier lugar en el que se encuentren están en potencial riesgo de contagio por este virus y las campañas de prevención de contagio por COVID-19 recomiendan el confinamiento y el aislamiento de las personas en los lugares en donde se encuentren, por lo que se niega el habeas corpus a la persona privada de libertad.”

Asimismo, desde las organizaciones de la alianza interpusimos una acción de medidas cautelares para beneficiar a 42 mujeres privadas de libertad y sus hijos menores a 3 años de edad del Centro Prioritario Femenino de Quito; la jueza constitucional negó el recurso señalando que los jueces no tienen competencia para cambiar las políticas públicas penitenciarias. Esta decisión se da sin tomar en cuenta que las políticas públicas constituyen una garantía constitucional y sin analizar el riesgo en el que se encontraban y encuentran las mujeres privadas de libertad y sus hijos. 

El Estado ecuatoriano ha informado que ha entregado hasta el día 22 de junio del 2020, 14 580 mascarillas en total, para las 37 917 personas privadas de libertad. Es decir que tan solo el 38% de las personas privadas de libertad tienen una mascarilla. Además, ha señalado que, hasta el día 22 de junio del 2020, se han realizado 1996 pruebas para detectar Covid-19, es decir, que tan solo al 5% de las personas privadas de libertad se les ha realizado una prueba para detectar Covid-19.

Nos alarma, además, que durante esta pandemia como parte del protocolo para prevenir el Covid-19 en los Centros de Rehabilitación Social, las autoridades hayan optado por  confinar y aislar mucho más a las personas privadas de libertad, cortado sus horas de patio y sol.  Las personas privadas de libertad en la actualidad no tienen acceso a abogados públicos, ni a contactarse con sus familiares por la suspensión de las visitas y por la imposibilidad de poder costear cabinas telefónicas, esta situación ha puesto en peligro a este grupo de atención prioritaria. Han existido reportes en los que incluso estos confinamientos se han dado en lugares no aptos, como espacios reducidos, sin ventanas, sin servicio higiénico, ni una cama, convirtiéndose en tratos crueles inhumanos y degradantes.

Lee el pronunciamiento completo AQUI

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